Marzo 2016

 

 

 

Los atentados terroristas de Bruselas han tenido como objetivo el corazón de Europa. Estos hechos replican lo sucedido en París, pero con el objetivo adicional de golpear el símbolo de la capital de la Unión Europea. Pero Europa, atacada como comunidad precisamente por los valores que representa, se muestra impotente, porque no es capaz de responder unida a la amenaza. Esto es así no porque los europeos no se hayan nunca planteado el problema de crear un sistema de seguridad común, sino porque no se han comprometido en serio a ponerlo en marcha.

Puede uno remontarse hasta el Consejo Europeo extraordinario del 21 de septiembre de 2001, tras el atentado a las Torres Gemelas. El encuentro concluyó subrayando que era “necesario mejorar la cooperación y el intercambio de información entre los servicios de inteligencia de la Unión. Para esta finalidad es preciso crear equipos de investigación comunes. Los Estados miembros deben compartir con Europol todas las informaciones útiles relativas al terrorismo, sistemáticamente y sin excepciones”. Como recuerda en una entrevista hace algunos días Federica Mogherini, Alta Representante para la Política Exterior, han pasado 15 años, y desde entonces la Comisión ha seguido publicando informes y elaborando propuestas que evidencian las carencias de un sistema de seguridad en Europa dividido en 28 sistemas nacionales, así como las medidas que habría que tomar.

Pero ni el atentado a la sede de “Charlie Hebdo”, ni el ataque al Bataclan, ambos en París, han sido suficientes para mover a los Estados, quienes tienen la responsabilidad y el deber de construir un sistema integrado, ya que son todavía “soberanos”. El resultado de esta inoperancia es una red terrorista más radicada que se ha reforzado progresivamente, lo que certifica que la amenaza se mantendrá durante largo tiempo y que ésta será cada vez más dramática si en Europa la política no se libera de la ilusión de poder seguir reclamando a los Estados Unidos la resolución de los problemas de la seguridad interna y externa.

Por lo demás, los atentados no podían golpear Europa en un momento más propicio para favorecer los planes de los terroristas. La Unión parece presa del caso, por sus debilidades estructurales: por su incapacidad de gestionar los flujos migratorios, por el riesgo de “Brexit”, por las señales de una recuperación de una crisis económica que amenaza en poner nuevamente de rodillas a las economías más frágiles, a pesar de los esfuerzos y sacrificios de los últimos años. Los ciudadanos, desorientados, y mal dirigidos por el populismo rampante, no logran entender las soluciones que deben apoyarse en favor de su propio interés.

Sin embargo, todo aquello que es necesario y urgente realizar, sea para afrontar el problema de la seguridad, sea para resolver el problema del gobierno económico, está ya sobre la mesa, sobre lo cual se discute cotidianamente en las sedes europeas y entre los gobiernos.

En el primer caso se ha identificado la necesidad de reforzar el sistema de Schengen a través del control conjunto de las fronteras exteriores (incluyendo el nacimiento de un cuerpo europeo de guardia fronteriza y de guardacostas), además de dar vida a una política única para la inmigración, el asilo, y el apoyo a la integración. También está clarísimo que hace falta desarrollar un eficaz servicio de inteligencia europeo, transformando Europol en una efectiva agencia de policía federal europea y reforzando el Sistema de Información de Schengen (SIS).

Es además evidente que es preciso, en paralelo, implementar las medidas necesarias para conformar una verdadera política exterior y de seguridad europea y relanzar un plan que sea realmente creíble para la estabilidad y el desarrollo pacífico de áreas como Oriente Medio y el Norte de África.

También los instrumentos para reforzar la gobernanza de la zona euro son bien conocidos y han sido analizados a fondo: es preciso crear un ministro del Tesoro europeo controlado democráticamente por el Parlamento Europeo, y por el Consejo, en tanto que cámara de los Estados que decide por mayoría, dotado de poderes políticos para implementar políticas económicas europeas e intervenir en los presupuestos nacionales en caso de graves violaciones de las reglas comunes, y que pueda recaudar un presupuesto ad hoc de dimensiones al menos dignas, alimentado de recursos propios, sean éstos de naturaleza fiscal, o derivados de emisiones de bonos.

Si no se logra comenzar a poner en marcha estas propuestas es porque la crisis ha cebado un clima de desconfianza recíproca en el interior de la UE, pero sobre todo porque las decisiones que hay que tomar implican la creación de un verdadero gobierno europeo federal, y el consiguiente salto en la cesión de soberanía por parte de los gobiernos nacionales. Por otro lado, se ha demostrado que el mantenimiento del status quo institucional no funciona. No funciona el método de la cooperación entre Estados, que se bloquea precisamente porque estos, al llegar la hora de la verdad, no logran aceptar privarse de las prerrogativas esenciales para el ejercicio de la soberanía, por vacía y falsa que ésta sea cuando se confronta con los hechos.

Como bien explicaba en los últimos días en una entrevista en la televisión alemana Peter Neumann, experto en seguridad del King´s College de Londres, “todos quieren recibir la información de los demás, pero nadie quiere compartir la suya; todos quieren la coordinación, pero nadie quiere ser coordinado…”.

El problema es por tanto el salto cualitativo institucional que supondría la creación de la unión política, y la manifestación de la voluntad política en este sentido al menos entre algunos gobiernos, a partir del alemán y el italiano, los cuales son los más avanzados en este terreno, y de su capacidad para atraer a Francia, la cual en cambio continua a oponerse a la hipótesis de una Europa federal. Contra las resistencias a favor de la conservación nacional, juega en pos de Europa, el hecho de no existir una alternativa creíble en términos de perspectiva de progreso, bienestar y riqueza respecto a la opción unitaria. Ninguna propuesta nacional o nacionalista puede aspirar verdaderamente a convertirse en una hipótesis de gobierno en Europa, salvo en países periféricos que no forman parte todavía de la Eurozona. En los países clave de la zona euro, esta opción provocaría la inmediata disgregación del sistema y la quiebra en cadena de los Estados.

Por lo demás, ha sido precisamente el convencimiento de la necesidad de completar la unión monetaria con la unión política lo que ha empujado a Gran Bretaña a negociar con la UE un status especial, dado que este país no solamente se ha dotado de un opting out particular respecto del euro, sino que análogamente se mantiene fuera también de todos los otros dossiers clave, incluyendo los relativos a la seguridad.

Por esto tiene poco sentido la crítica realizada desde distintas posiciones al acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea, a la cual se acusa de haber comprometido principios fundamentales en la base de los Tratados, ya sea en lo que respecta al principio de una “unión cada vez más estrecha”, ya sea en lo relativo a la libre circulación de personas.

En realidad, se trata de un compromiso que, al formalizar el status especial de Londres desde el nacimiento de la moneda única, y tras los sucesivos avances en la integración continental, fija al mismo tiempo la obligación británica de colaborar lealmente para no ralentizar o bloquear el proceso de profundización política de la zona euro. En el pasado Gran Bretaña ha siempre pretendido –con notable éxito- que la UE se adecuase a su paso y se uniformase a su propio proyecto centrado en desarrollo del mercado interior, rechazando el proyecto político. Hoy Cameron no pide añadir mucho a los “privilegios” de los cuales su país ya disfruta (sobre este punto véase el análisis de Giulia Rossolillo “Patti chiari, amicizia lunga: l´accordo sullo status del Regno Unito nell´Unione europea, publicado en SIDIBlog el 28 de febrero www.sidiblog.org/2016/02/29/patti-chiari-amicizia-lunga-laccordo-sullo-status-del-regno-unito-nellunione-europea). Pero en cambio, tiene la ventaja de ser claro. La realidad es que los británicos, mediante este pacto, reconocen una derrota histórica, la de no haber podido frenar el proyecto de integración política europea; y sobre esta base definen su nueva posición en la UE, que parte del reconocimiento de la necesidad de que este proyecto se extienda a todo el continente y de que el Reino Unido pueda formar parte de círculo de integración externo, como miembro del mercado único. Desde el punto de vista de los europeos, éstos se encuentran en la situación de actuar para construir la unidad política en un marco que, como consecuencia del acuerdo, se ha refundado de facto sobre la base del principio de círculos concéntricos (todo lo contrario respecto a la “Europa a la carta” pensada en el Tratado de Lisboa y cuyos instrumentos de flexibilidad concebidos desde esta óptica se convierten en inútiles). De esta forma, todos aquellos que no conseguían concebir este trance ineludible en los términos de una ruptura con Gran Bretaña y del marco comunitario, gracias a la iniciativa británica y a los resultados obtenidos, pueden por fin superar este escollo psicológico y mental y comenzar a actuar, concentrándose en el problema de la integración diferenciada a partir de la Unión monetaria.

Para la batalla federalista, el acuerdo firmado con Lonres tiene, por tanto, de facto, un valor fuertemente positivo porque elimina un obstáculo formidable que debilitaba el ya fragmentado frente de las fuerzas europeístas.

Obviamente, se puede esperar que, gracias a este compromiso, el Reino Unido decida en junio aceptar su nuevo status en el interior de la Unión y no salir del marco comunitario. Las contrapartidas serían gravísimas: sin niguna duda para Londres, que se encontraría sola y marginada, y que pagaría un precio altísimo en términos económicos y políticos. Pero también para la UE, que en este momento de fragilidad sería inundada por una ola de escepticismo que podría transformarse en una dramática fuga de capitales de Europa.

* * *

Si en el caso de los acuerdos con Gran Bretaña ha sido la óptica del fortalecimiento de la construcción política europea la que ha guiado las negociaciones, el mismo criterio parece haber funcionado también en lo que respecta al reciente acuerdo con Turquía. Más allá del hecho de que la eficacia del acuerdo dependerá de la capacidad de los europeos de resolver las cuestiones cruciales de la gestión de refugiados en Grecia y de la distribución de cuotas de acogida entre los diferentes países, es importante conseguir entender si en este caso la Unión, por tratar de desembarazarse del problema, ha abdicado del respecto a los derechos humanos y al derecho internacional, como muchos afirman, o si por el contrario ha actuado en base a la moral (política) de la responsabilidad.

Es un hecho que la Unión está bajo el asedio y el asalto de los traficantes de seres humanos y de los enemigos que tratan de desintegrarla sometiéndola a una presión que se ha transformado en insoportable. Esta situación dramática alimenta la división entre los países europeos, el populismo y la xenofobia, y amenaza con empeorar. Una Europa federal, dotada de una fuerte política externa y de una fuerte estabilidad y cohesión interna no se encontraría en estas condiciones. Pero la realidadd de Europa es la de la división y la de un difícil intento de unificación. En este marco, acabar con el chantaje y reaccionar (de modo que no se penalice la solicitud de asilo, si no el uso de medios ilegales para llegar a las costas europeas) es fundamental para terminar con el caos. Ahora corresponde a los europeos, después de haber dado un primer paso para intentar retomar el control de la situación, conseguir poner en marcha, como propone la Comisión, los instrumentos para intervenir eficazmente y con sentido de responsabilidad y respecto a los derechos humanos en la gestión de las demandas de asilo.

Por otra parte, el acuerdo, especialmente teniendo en cuenta el hecho de que Turquía ha aceptado finalmente ceder respecto a algunas condiciones que había impuesto a modo de chantaje a los europeos, es una demostración de la fuerza política intrínseca del proyecto europeo en la medida en que comienza a definirse en el plano institucional. La voluntad de Ankara de volver a mirar de nuevo hacia la UE y de tratar de retomar el proyecto de jugar un papel de bisagra entre Europa y el Medio Oriente (que en el último año había abandonado, desencadenando una grave involución en su sistema político), es en gran medida el fruto de la grave derrota de su proyecto de hegemonía cultural y política del mundo musulmán, pero también la demostración de la importante fuerza de atracción que todavía suscita el proyecto europeo. Esta atracción, que se concreta en la propuesta de asociación y en la apertura del mercado interior a terceros países, se vuelve fuerte en la medida en que se plantee, también gracias al acuerdo con Londres, la refundación de la construcción comunitarua sobre la base de círculos concéntricos que delinean diferentes grados de integración y de participación en el proceso unitario; y que hacen creíble la apertura hacia países que no pueden participar en el proceso comunitario originario fundado sobre la integración política tout court.

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Dicho todo esto, el hecho es que la política, para jugar un papel positivo y para invertir el clima de creciente desconfianza hacia el proyecto unitario, no tiene otra vía que esforzarse en acelerar la creación de instituciones, poderes y recursos federales en Europa.

Para los europeos ha llegado el momento de comprender que, en la actual situación dramática en la que se encuentra el mundo, Europa se enfrenta a problemas y a una brutalidad que se creían desaparecidos de la historia, y que sin embargo se manifiestan cada día y le retan a construir un poder supranacional federal capaz de mostrar a toda la humanidad el camino del progreso y de la paz.

Publius

 

 


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