Enero 2016

 

 

 

 

El riesgo de naufragio del proceso de unificación europea es concreto. La última cumbre europea del 2015 ha confirmado el preocupante grado de división, indecisión e impotencia en el que se encuentra hoy Europa. Ya sean las crisis que se han sucedido en los últimos años - la económica, la financiera y de deuda soberana y la de los refugiados - o el problema de la relación con Rusia y los ataques terroristas relacionados con la guerra en Siria y al caos en Oriente Medio, en lugar de promover la búsqueda de objetivos comunes y la cohesión social, han hecho a Europa menos solidaria y cohesionada. Sólo el ancla de la moneda europea y su corolario- las políticas que las instituciones europeas, sobre todo el BCE y la Comisión, y, aunque a menudo a regañadientes, los gobiernos nacionales han puesto en marcha para evitar una catástrofe que habría sido no sólo monetaria si no también económica y social- han impedido que Europa se transforme en un mero concepto geográfico.

Lo cierto es que, por diversos motivos, en la Europa de la moneda única y del Tratado de Lisboa las economías y las políticas nacionales son ahora en muchas ocasiones más divergentes de cuanto lo eran antes de la caída del muro de Berlín. Y, como ha observado Norbert Röttgen, el Presidente de la Comisión de asuntos exteriores del Bundestag, la moneda única se ha revelado irreversible, pero no indestructible (FAZ, 15 de agosto de 2015); de esta forma, los tiempos demasiado lentos de realización de las cuantro uniones (bancaria, fiscal, económica y política) son incompatibles con su supervivencia. Por su parte, la crisis de los refugiados y los ataques terroristas han evidenciado la fragilidad del acuerdo de Schengen, sobre el que debería haberse fundado la seguridad interior de forma paralela a la libre circulación de bienes y personas del mercado único.

Por tanto, es necesario cambiar la forma en que se afronta la realidad europea para resolver las tres cuestiones que serán las prioritarias en el 2016 y de las que depende el futuro de la siguiente generación de europeos: el gobierno de la Eurozona, la seguridad interna y la reforma de los tratados.

El problema del gobierno de la Eurozona, que se hizo evidente con la crisis financiera y económica, está tratándose desde el 2012, cuando la Comisión europea, con su Blueprint for a deep and genuine Economic and Monetary Union (EMU), y los cuatro Presidentes (del BCE, del Eurogrupo, del Consejo Europeo y de la Comisión europea), con su informe, trazaron la hoja de ruta para la realización de las cuatro uniones. Tanto los gobiernos como los parlamentos nacionales y el propio Parlamento europeo tienen dificultades para ponerlo en práctica, con graves repercusiones en lo que respecta a la credibilidad de la voluntad de los europeos de constituir un polo continental de responsabilidad política, además de monetaria. El último Consejo europeo de diciembre ha sido una demostración de lo anterior. La reunión estuvo dominada de nuevo por las tensiones entre los gobiernos, reflejando el hecho de que la crisis de confianza entre los Estados continua bloqueando cualquier progreso y confirmando la evidencia de que la cuestión fundamental reside en compartir una parte de la soberanía política a nivel europeo, con la cesión por parte de los Estados miembros de algunas prerrogativas de gobierno. Desde la unión bancaria a la fiscal, pasando por la económica y política, todo está ligado, lo que hace imposible resolver estas cuestiones de forma separada. Incluso en la unión bancaria, donde ya se habían conseguido algunos objetivos y parecía que se había alcanzado un acuerdo sobre el proceso para completarla, las divergencias entre los diversos sistemas nacionales crean tensiones que no se pueden resolver sin afrontar la cuestión integral de la transformación de la unión monetaria en una unión política federal. Es necesario un sistema europeo que sustituya el actual método intergubernamental y que dé a la Comisión europea - que sería responsable ante la mayoría del Parlamento europeo y el Consejo, es decir, ante los ciudadanos y los otros Estados miembros - prerrogativas e instrumentos de gobierno, incluso el control de un presupuesto autónomo para poner en marcha políticas económicas europeas y poder sobre los gobiernos que no respetan los estándares comunes. En ausencia de este salto cualitativo, Europa seguirá con dificultades en primer lugar en lo que respecta a la reactivación del desarrollo productivo y económico, en una fase histórica que es testigo de un cambio de época en las dinámicas productivas y laborales y en las que, por tanto, son cada vez más necesarios planes continentales y un clima de mayor estabilidad y seguridad. El resultado de esta parálisis es el crecimiento exponencial de las fuerzas antieuropeas, nacionalistas, populistas y xenófobas.

También el problema de la seguridad interior, que surge en toda su complejidad y gravedad en la gestión de los nuevos flujos migratorios y, de modo dramático, con los atentados de París, tiene que ver evidentemente con la definición de una verdadera política europea en estos sectores, a partir del establecimiento de una guardia costera y de fronteras verdaderamente europea, autónoma de los estados, como ha propuesto la Comisión europea.

Asimismo en este caso es evidente, tanto en el plano político como en el económico, la ligazón con la cuestión de la gobernabilidad del euro. En el mismo Tratado de Lisboa se ha sancionado el estrecho vínculo entre moneda, mercado y seguridad, de modo que las antiguas materias del tercer pilar, como la cooperación judicial en materia penal y la cooperación policial, se rigen ahora en su mayoría por el mismo tipo de normas que regulan el mercado único. Desde el punto de vista político, el nudo gordiano es también en este caso el de la cesión de soberanía por parte de los Estados y a construcción de un poder legítimo europeo; es decir, la inclusión de este tránsito de entrega de los Estados a Europa en el cuadro de la construcción de una verdadera unión política.

Finalmente hay que abordar el tercer proceso, el relativo a la reforma de los Tratados, necesaria por los límites institucionales del Tratado de Lisboa, y relanzado en esta fase por la decisión del gobierno Cameron de convocar un referendo sobre la permanencia de Gran Bretaña en la Unión. Esta postura británica ha fijado de facto el vencimiento de un plazo para la reforma de los Tratados (2016-2017) de la que se deriven no solamente los términos de Brexit/Brexin, sino sobre todo el establecimiento de un nuevo marco institucional para la coexistencia de dos círculos, el de aquellos que han entrado en el euro y tienen intención de adoptarlo, y que no tienen alternativa, salvo implosión, a la realización de una unión fiscal, económica y política, y el de los que, como el Reino Unido, solamente quieren compartir las reglas del mercado único.

La cuestión del gobierno de la Eurozona, de la seguridad interior, y de la reforma de los Tratados son por tanto tres aspectos del mismo problema, y como tales deben ser encuadrados en un único y coherente proyecto de unión política federal.

Reconocer este hecho representa el primer e indispensable gesto de valentía que deben hacer gobiernos, instituciones nacionales y europeas y las fuerzas políticas. Solamente así resulta posible preparar el terreno para que este reconocimiento se traduzca en voluntad y decisión política, así como en el salto institucional tantas veces invocado por el presidente del Banco Central Europeo y que los europeos están llamados a realizar en esta legislatura, porque más allá del final de la misma puede ser demasiado tarde.

Tratar de hacer que esto ocurra es la tarea específica de todos aquellos que llevan en el corazón el destino de su propio país y de Europa.

Publius

 

 


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